La Prensa de Colorado 
El fiscal general de Colorado, Phil Weiser, habló en una reunión comunitaria en una sinagoga de Denver. El enfoque principal de la reunión fue discutir la próxima implementación de la ley de “bandera roja” de Colorado.
La controvertida ley, a la que se oponen docenas de sheriffs de Colorado, permite a los jueces ordenar que se retiren las armas a quienes se teme que sean peligrosos.
El fiscal dijo que espera que los alguaciles cumplan con la ley al cumplir con las órdenes de los jueces de confiscar armas. Sin embargo, los críticos vocales dicen que simplemente hay demasiados problemas constitucionales.
El sheriff Steve Reams, del condado de Weld, dice que está dispuesto a correr el riesgo de que lo ordenen a su propia cárcel antes de decirle a sus oficiales que confisquen las armas.
Ante el desafío de los alguaciles de Colorado, Weiser le dijo al canal FOX31 que cree que la retórica actual de los alguaciles es todo un discurso político.
“En este momento, la gente puede decir todo tipo de cosas … pero cuando se trata de una persona real, a quien conoces, cuya vida está en juego, creo que vamos a ver un comportamiento diferente”, dijo Weiser.
Weiser calificó la ley como una “respuesta muy bien adaptada” a la violencia armada en Colorado.
Cabe destacar que la ley que entra en vigencia el 1 de enero, misma ley que permite que los miembros de la familia o compañeros de habitación o vecinos, pidan que un juez retire temporalmente las armas de las personas que muestran signos de que representan un peligro para ellos mismos. u otras personas.
Reams dice que está de acuerdo con seguir solo una parte de la ley al servir a las personas con una orden de protección contra riesgos extremos, pero ahí es donde dice que el proceso se detiene para él.
“Si me pusieran en una situación en la que el juez dijera:” Aquí está la orden, esperamos que salgas y confisques armas “. Simplemente no voy a hacer eso “, dijo Reams.
