Mary Flores 
La semana pasada, los cinco tribunales federales prohibieron al gobierno de Donald Trump cambiar las reglas sobre uso de beneficios públicos para solicitantes de residencia permanente o visa de no inmigrante y las cosas se quedaron como están desde hace más de 20 años.
“Estas decisiones son muy significativas, y esto significa que hay una prohibición nacional de cambiar esta regla, que no ha entrado en vigor por ahora y que puede ser que nunca sea aplicada”, dijo la abogada Madison Allen, del Centro de Leyes y Políticas Sociales.
Aun así, el temor al efecto migratorio de pedir cualquier servicio público sigue causando problemas. Cabe destacar que estudios y casos anecdóticos señalan que “millones de inmigrantes dejarán de pedir ayuda para el cuidado de la salud, nutrición y servicios sociales”, debido al temor causado por la medida.
Varios expertos y abogados explicaron el jueves, que muchos de esos inmigrantes ni siquiera están en peligro porque no pertenecen a categorías incluidas en la regla, ni piden el tipo de ayuda que les afectaría, o tienen otros factores a su favor que podrían beneficiarlos.
Durante la teleconferencia que fue copatrocinada por el National Immigration Law Center (NILC), El Centro de Recursos Legales para Inmigrantes (ILRC) y Ethnic Media Services (EMS), se destaco lo siguiente:
Muchos inmigrantes NO son ni serán afectados por esa regla.
Hay varias categorías de extranjeros o migrantes que no entran dentro del nuevo reglamento de “Carga Pública” que fue emitido por el 
Departamento de Seguridad Nacional (DHS) del gobierno de los Estados Unidos el pasado mes de Agosto y que ahora está en pausa por órdenes de tribunal.
Los refugiados o personas con asilo, los que piden o tienen visas U para víctimas de la delincuencia, visas T para víctimas de tráfico humano, WAVA casos de violencia doméstica, SIJS para menores abandonados, renovación de Estatus Temporal de Protección TPS o DACA, la mayoría de los residentes permanentes o ciudadanos NO se verán afectados por esta regla.
“No importa lo que decidan los tribunales, estas personas no se verán afectadas directamente por ese potencial cambio en las reglas de Carga Pública”, dijo Allison Davenport, abogada supervisora de ILRC.
El miedo en la comunidad viene, en gran medida, de no saber exactamente a quién aplicaría la regla de Carga Pública, en caso que los tribunales federales den el visto bueno, dijo Davenport.
“El reglamento de Carga Pública ha estado en las leyes de Estados Unidos durante 100 años”, dijo. Este pretende garantizar que las personas que se hacen residentes u obtienen una visa de otra clase para residir en el país, no dependen del erario público.
Se trata de una prohibición de obtener servicios, a muchos de los cuales los indocumentados tienen derecho. “Solamente se aplicará en dos ocasiones: cuando una persona pide una visa para entrar a este país o quedarse en el mismo o cuando piden la residencia permanente”, agregó la letrada.
Quienes teman verse afectados en el futuro, cuando pidan una visa o residencia, deben entender que aunque usen servicios actualmente, esto no afectará su posibilidad de obtener una tarjeta verde en el futuro, porque el beneficio no es retroactivo.
Solo ciertos beneficios están incluidos en la lista del posible cambio
No todos los beneficios públicos afectan a la hora de pedir visa o tarjeta verde, explicaron.
La ley actual de Carga Pública, vigente desde 1999, solo toman en cuenta dos tipos de beneficios para los solicitantes de tarjetas verdes y visas: cuidado de largo plazo (long term care) y asistencia en efectivo, por ejemplo cobros de “welfare” o bienestar social.
El nuevo reglamento que están en suspenso por el momento añade varios más a esa lista: asistencia para subsidios de vivienda o Section 8, cupones de alimento y Medicaid. Sin embargo, esto no incluye el Medicaid recibido por menores de 21 años o por mujeres embarazadas y durante 60 días después del parto.
Programas que NO están incluidos ni en el viejo ni en el nuevo reglamento (aún no en vigencia) incluyen: WIC, CHIP (Healthy Families en CA), Asistencia Alimentaria o almuerzos escolares, Head Start, cualquier tipo de beneficio ganado como Seguro Social o Discapacidad, créditos de impuestos o ciertos beneficios a familias militares.
Durante la teleconferencia, los expertos indicaron que nadie debe de suspender su uso de estos servicios e incluso de aquellos que sí están incluidos en la nueva regla, sin consultar a una organización comunitaria especializada o a un abogado de inmigración.
Históricamente, la regla de carga pública no ha afectado a mucha gente:
Se stima que el efecto real del reglamento, si es que llega a entrar en vigencia, podría ser más limitado de lo que se teme, ya que la mayoría de los solicitantes de beneficios tiene factores atenuantes que también deben ser tomados en cuenta por los agentes que toman la decisión.arjetas de residencia resultaron afectadas”.
La nueva regla de “Carga Pública” iba a entrar en vigor esta semana (el 15 de Octubre), pero jueces en Nueva York, California y el estado de Washington la bloquearon el viernes anterior.
El mismo día 15, otros dos jueces en Maryland e Illinois se sumaron a la orden.
