La Prensa de Colorado 
El Departamento de Justicia de la administración del Presidente Trump publica un informe que expone la persecución de los provida por parte de la administración Biden.
El impactante informe explica que la administración Biden colaboró con organizaciones proabortistas “para obtener información interna y promover objetivos para la aplicación de la Ley FACE”.
Un nuevo e inquietante informe, publicado por el Departamento de Justicia, revela una colaboración entre la administración Biden y grupos proabortistas para perseguir a los defensores de la vida.
El documento, de casi 900 páginas, fue publicado el martes. En él se detallan violaciones de la Ley FACE, una normativa de 1994 que prohíbe a los activistas incurrir en conductas intimidatorias y coercitivas fuera de las clínicas de aborto. La ley también protege a los lugares de culto.
El impactante informe explica que la administración Biden trabajó con organizaciones de izquierda —tales como la Federación Nacional del Aborto (NAF), Planned Parenthood y la Feminist Majority Foundation— para sacar provecho “de su relación con el Grupo de Trabajo, con el fin de obtener información interna y promover objetivos para la aplicación de la Ley FACE”.
El informe confirmó, además, una tendencia preocupante de la que los provida ya tenían conocimiento: la existencia de una aplicación sesgada —casi unánime— de la Ley FACE en contra de los defensores de la vida.
El documento es el resultado del “Grupo de Trabajo sobre la Instrumentalización” del presidente Trump, el cual fue puesto en marcha bajo la dirección de la exfiscal general Pam Bondi.
“Este Departamento no tolerará un sistema de justicia de dos niveles”, declaró en un comunicado el fiscal general adjunto interino, Todd Blanche. “Ningún departamento debería llevar a cabo procesos judiciales selectivos basados en creencias”.
El padre de familia y activista provida Mark Houck fue una de las muchas personas injustamente perseguidas por la administración Biden.
Cabe recalcar que a principios de este mes, Houck ganó una demanda por detención ilegal —valorada en una cifra de siete dígitos— contra el Departamento de Justicia, tras el allanamiento de su domicilio por parte de agentes federales en septiembre de 2022.
Houck había sido acusado de violar la Ley FACE a las afueras de una clínica de aborto en Filadelfia.
Desde entonces, el Departamento de Justicia ha anunciado el despido de al menos cuatro fiscales implicados en dicha persecución, entre ellos Sanjay Patel, abogado de la División de Derechos Civiles. “La coordinación tuvo lugar principalmente entre Patel —en su calidad de director del Grupo de Trabajo— y la directora de seguridad de la NAF, Michelle Davidson, quienes mantuvieron una comunicación habitual”, señala el informe.
El activista provida Will Goodman cumplió una condena de 17 meses en una prisión federal en virtud de la Ley FACE. Posteriormente, fue indultado por el presidente Trump.
En un comunicado, Goodman afirmó que la batalla que se está librando es, “en última instancia, de naturaleza espiritual, y que exponer los vínculos entre los ‘cárteles del aborto’ y los agentes gubernamentales conlleva un componente moral”. «Por lo tanto, el gobierno debe arrepentirse, pedir disculpas y reparar el daño causado a las muchas decenas de millones de “pequeños de Dios” masacrados con el pleno consentimiento del gobierno», señaló. «Con el informe de hoy, los activistas que participan en los casos federales relacionados con la ley FACE y con conspiración tienen ahora una nueva oportunidad para alzar la voz en nombre de los que no la tienen».
En enero, la administración Trump anunció la apertura de una investigación sobre presuntas violaciones de la ley FACE por parte de una turba de izquierda que irrumpió en una iglesia bautista del sur durante un servicio de culto dominical.
El expresentador de la CNN, Don Lemon, formaba parte de dicho grupo.
