Los pnformes alarmantes sobre las finanzas de PERA generan preguntas sobre el futuro de las pensiones del estado.
Un panel de supervisión legislativa está considerando si recomendar más reformas a la Asociación de Jubilación de Empleados Públicos de Colorado La pensión pública del estado podría estar subestimando el alcance de sus problemas financieros en miles de millones de dólares, según una revisión independiente, lo que genera nuevas preocupaciones sobre la Asociación de Jubilación de Empleados Públicos de Colorado y sus precarias finanzas.
Como resultado, por primera vez desde una reforma de las pensiones estatales en 2018, un panel de supervisión legislativa está considerando si recomendar más reformas al sistema, que administra los beneficios de jubilación de más de 700.000 trabajadores actuales y anteriores del sector público.
Las preocupaciones surgen de un goteo constante de malas noticias este verano: un informe financiero anual en junio que muestra que las finanzas de la pensión se deterioraron el año pasado y una revisión independiente publicada la semana pasada que concluyó que PERA corre un peligro mucho mayor de volverse insolvente de lo que esperan sus propios asesores financieros.
Un borrador de la revisión independiente, proporcionado a principios de este mes al Subcomité de Revisión de Pensiones de la legislatura, encontró problemas con una serie de suposiciones que PERA utiliza para calcular su deuda no financiada con los jubilados, diciendo que la brecha de financiación de las pensiones de $27.5 mil millones podría ser hasta un 10% más alta de lo que PERA cree.
El informe, realizado por el Grupo PNYX con sede en Suiza, recomendó que el estado proporcione una inyección de efectivo de $2 mil millones para evitar lo que dijo que era un “riesgo material de llegar a un punto sin retorno” donde no podría hacer sus pagos a los jubilados.
Los legisladores, sin embargo, se mostraron reacios al precio de $2 mil millones, calificándolo de un fracaso político.
“No creo que vaya a suceder nunca”, dijo el senador Chris Kolker, demócrata de Centennial, que preside el subcomité.
Los asesores de PERA rechazaron el viernes las conclusiones del informe, diciendo que PNYX no proporcionó suficientes datos para fundamentar sus afirmaciones. Pero los propios análisis de PERA dicen que hay hasta un 30% de posibilidades de que un revés financiero en 2025 desencadene otra ronda de recortes de beneficios y aumentos de contribuciones.
Y las cosas podrían verse aún peores el año que viene. PERA tiene previsto actualizar sus supuestos demográficos a principios de 2025, un ejercicio que se realiza una vez cada cuatro años y que desencadenó importantes correcciones del rumbo financiero en cada una de las dos últimas ocasiones en que ocurrió.
Eso ha llevado a los miembros del panel de supervisión a preguntarse qué debería hacer la legislatura (si es que debería hacer algo) para evitar que se apliquen más recortes automáticos.
“Estamos en una situación de riesgo en este momento”, dijo el ex senador Jack Tate, un miembro republicano del panel que copatrocinó las reformas de pensiones de 2018. “Así que creo que algunas recomendaciones (sin importar cuán mal recibidas sean por la legislatura) para la seguridad financiera del plan serían bienvenidas”.
No obstante, los cambios legislativos generales siguen siendo poco probables, dijeron los legisladores, a menos que haya una crisis financiera demasiado
grande para ignorarla.
El estado se enfrenta a sus propias dificultades financieras en los próximos años, y las reformas de pensiones de 2018 fueron diseñadas para mantener las pensiones en la senda financiera sin intervención política.
De las cuatro posibles rondas de recortes automáticos de beneficios y aumentos de contribuciones, a Colorado le quedan dos si la junta de PERA y la legislatura estatal no intervienen.
“Personalmente, no veo ningún cambio legislativo evidente”, dijo Kolker. Pero, agregó, el panel redactaría una carta en su próxima reunión esta semana para enviarla a la Comisión de Revisión de Pensiones, que tiene el poder de proponer legislación.
La revisión independiente citó dos cuestiones importantes: Primero, sostiene que PERA está apostando por rendimientos de inversión poco realistas, lo que vuelve a litigar un debate de larga data en Colorado. PERA necesita que su cartera crezca un 7,25% al año para cumplir con sus objetivos de financiación, lo que es más alto que la mediana nacional del 7% para otras pensiones públicas.
PERA ha superado ampliamente sus objetivos de inversión en los últimos años, con un crecimiento promedio del 7,8% en la última década y del 8,3% en los últimos 30 años.
PERA está revisando su cartera de inversiones este año, y algunos miembros de su junta directiva están presionando para invertir más en activos de mayor riesgo, como el capital privado, en busca de mayores retornos a largo plazo.
El problema más urgente que destacael informe es que las suposiciones demográficas de PERA han estado constantemente equivocadas desde la pandemia, lo que ha sumado 2.000 millones de dólares a la deuda no financiada del sistema de pensiones. Los trabajadores del sector público han recibido mayores aumentos salariales en los últimos años de lo que PERA esperaba, lo que se traduce en pagos de pensiones más elevados cuando se jubilan.