La Prensa de Colorado 
El gobernador de Colorado, Jared Polis, ordenó a los empleados estatales que entregaran información sobre los patrocinadores de niños indocumentados a las autoridades federales de inmigración, a pesar de las protestas de que la orden violaba las leyes estatales que limitan la cooperación, según una demanda presentada por un alto funcionario.
Scott Moss, director del Departamento de Trabajo y Empleo estatal, alegó en la demanda presentada el miércoles por la noche que Polis decidió personalmente cumplir con una citación administrativa del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). La citación formaba parte de “actividades de investigación para localizar a niños extranjeros no acompañados” y garantizar su cuidado, según la demanda
Moss ahora solicita a un juez del Tribunal de Distrito de Denver que bloquee de inmediato la orden de Polis de proporcionar la información, que Moss debía completar antes del final del día del viernes.
La citación, emitida por ICE al estado en abril y no firmada por un juez, solicitaba los registros laborales y familiares de los patrocinadores de niños indocumentados separados de sus padres, según la demanda. Los patrocinadores suelen ser familiares, y la información solicitada incluiría fechas de nacimiento y direcciones.
Moss participó en la tramitación de la solicitud como director de la División de Normas y Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo.
La demanda afirma que la oficina de Polis decidió a principios de mayo no cumplir con la citación debido a la ley estatal que prohíbe compartir cierta información con las autoridades federales.
Sin embargo, esa postura cambió a finales de mes, según la demanda, cuando Polis “decidió personalmente” retractarse y entregar la información solicitada al ICE.
Un portavoz del gobernador confirmó el jueves que el estado tiene la intención de cumplir con la citación.
Esa decisión se produjo aproximadamente al mismo tiempo que Polis firmó una nueva ley que crea protecciones adicionales contra el intercambio de información personal con las autoridades federales.
La ley de Colorado prohíbe a los empleados estatales y locales compartir información de identificación personal con las autoridades de inmigración a menos que lo exija la ley o una orden judicial. Polis firmó dicha ley en 2021, y Moss posteriormente redactó normas que consolidan aún más las protecciones en la práctica.
Moss, según la demanda, le dijo repetidamente a la oficina de Polis que cumplir con la citación violaría dichas leyes.
Reiteró estas objeciones en un memorando de cuatro páginas que escribió el mes pasado, en el que argumentó que la citación “tiene como objetivo encontrar menores para deportarlos”.
Añadió que cumplir con la solicitud de ICE supondría incumplir las promesas hechas por los empleados estatales, y por Polis, de proteger la información de los inmigrantes.
“En resumen, este tipo de cumplimiento de citaciones dejó de ser una opción viable una vez que el gobernador Polis firmó una ley que prohíbe precisamente este tipo de colaboración en la aplicación de la ley migratoria, bajo la amenaza de multas cuantiosas a los empleados estatales.
Esto llevó al gobernador Polis y a los funcionarios estatales a asegurar a los inmigrantes que pueden proporcionarnos información de forma segura y sin temor, todo ello en un contexto de prácticas abusivas por parte de los funcionarios de ICE a quienes les diríamos dónde realizar las redadas”, escribió Moss en el memorando.
Los abogados de Moss declinaron una solicitud inicial de comentarios el jueves.
En una declaración a The Denver Post, el portavoz de Polis, Eric Maruyama, escribió que la oficina de Polis había determinado que el estado debía cumplir con la citación porque solicitaba información relacionada con “actividades de investigación”.
La ley estatal exige a los empleados cooperar con las investigaciones penales, incluso si eso implica compartir información personal que de otro modo estaría protegida.
“Tras una cuidadosa consideración de la citación y de la ley de Colorado que permite compartir información para apoyar investigaciones penales oportunas, creemos que cumplir con esta citación cumple con los requisitos legales y contribuye a la investigación y prevención de actividades delictivas”, escribió Maruyama a The Post.
“Específicamente”, continuó, “la citación establece que Investigaciones de Seguridad Nacional ‘está realizando actividades de investigación para localizar a menores extranjeros no acompañados… para garantizar que estos menores sean localizados adecuadamente, reciban la atención adecuada y no sean sometidos a delitos de trata de personas u otras formas de explotación’”.
Un portavoz de ICE no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. El mes pasado, el Departamento de Justicia de EE. UU. demandó a Colorado y Denver por sus “leyes santuario”, que limitan o prohíben la cooperación con las autoridades migratorias.
En medio de las deportaciones masivas de la administración Trump, Polis ha invitado a las autoridades migratorias a ampliar su presencia en el estado para detener a “criminales peligrosos”, aunque también ha dicho que desconoce completamente las actividades del ICE en Colorado.
El gobernador ha negado repetidamente que Colorado sea un “estado santuario”, postura que su portavoz reiteró el jueves.
El ICE utilizó anteriormente los llamados “controles de bienestar” para intentar contactar a niños inmigrantes en las escuelas de Los Ángeles.
Según informes de prensa, el personal escolar negó a los agentes la entrada a los edificios, y los abogados de inmigración de la ciudad alertaron en abril sobre la verdadera intención de los controles.
Los menores no acompañados e indocumentados son niños detenidos por las autoridades migratorias y entregados a patrocinadores mientras esperan su proceso migratorio, según la Oficina de Reubicación de Refugiados. Los patrocinadores suelen ser familiares.
Maruyama escribió que “los intentos de retrasar o bloquear (la información solicitada en la citación) podrían prolongar la explotación y el abuso criminal de menores, y estamos dispuestos a ayudar”.
En la demanda, Moss argumentó que la información obtenida de la citación podría utilizarse de forma más generalizada contra familiares y los propios niños. En su memorando anterior, Moss argumentó que había existido una “divergencia preocupantemente deshonesta entre lo que el ICE afirma hacer y lo que realmente hace”.
“No hay argumentos sólidos para que toda citación administrativa civil de inmigración sea en realidad ‘penal’, simplemente porque una investigación administrativa civil podría encontrar delitos que luego podrían dar lugar a una investigación penal”, escribió.
La decisión de Polis también provocó la condena el jueves del bufete de abogados sin fines de lucro Towards Justice, que representa a trabajadores migrantes y está dirigido por el candidato a fiscal general David Seligman.
En un comunicado, el bufete —que no representa a Moss— acusó a Polis de apoyar los esfuerzos del presidente Donald Trump para instrumentalizar las leyes de inmigración en apoyo de las empresas infractoras.
