La Prensa de Colorado 
En Estados Unidos no existe, al día de hoy, una ley federal que estandarice los procesos electorales y que proteja la democracia de forma amplia. Muchos son los estados del país en los que votar es posible, pese a no ser ciudadano del país.
Este paradigma es denunciado por los conservadores, mientras que la Administración Biden-Harris mantiene una suerte de complicidad con el sistema. El mejor ejemplo puede ser la legislación californiana. Pero hay muchos otros estados en los que aún no hay totales garantías para el desarrollo correcto del proceso electoral.
La semana pasada, el secretario de Estado de Ohio, Frank Larose, llevó al Gobierno federal a los tribunales por negarse a proporcionar al estado “registros adicionales” que descritos por LaRose como “esenciales para verificar el estatus de ciudadanía de todos los votantes de Ohio”.
En el comunicado del republicano que acompaña a la denuncia sostiene que la Administración Biden-Harris está obstruyendo y abusando de su poder para impedir que se eliminen a los no ciudadanos de las listas de votantes.
En el estado de Ohio, se requiere de un documento de identidad con fotografía para votar. Sin embargo, este documento puede ser un carnet de conducir estatal, los cuales se emiten de forma normal y corriente a cualquier individuo que acredite una residencia permanente en el estado.
La demanda alega que la Administración federal, “en al menos cuatro ocasiones distintas, no proporcionó a Ohio acceso a los registros federales de verificación de ciudadanía necesarios para impedir que votaran los no ciudadanos”, según el comunicado.
Garantías de ciudadanía para votar:
En la misma semana que LaRose, Ken Paxton, fiscal general de Texas, también anunció acciones legales contra el Departamento de Seguridad Nacional de Alejandro Mayorkas por motivos similares.
La demanda de Paxton acusa a la Administración Biden-Harris de no cumplir con “la ley federal que les obliga a ayudar a los Estados a verificar la condición de ciudadanía de las personas potencialmente inelegibles registradas para votar”.
En estas elecciones, el estado de Texas dice investigar la situación legal de casi medio millón de votantes que depositarán su voto en las urnas el 5 de noviembre para elegir al próximo presidente de la nación. El motivo de estos chequeos es que este medio millón de votantes se registraron sin presentar un documento de identificación emitido por el estado de Texas.
“La Administración Biden-Harris se ha negado a cumplir la ley federal, lo que supone un obstáculo más que Texas debe superar para garantizar unas elecciones libres y justas en nuestro estado”, dijo Paxton en un comunicado.
Florida, Virginia y Alabama también denuncian.
Las denuncias de Texas y de Ohio se suman a las que ya existían en otros estados con gobiernos republicanos. Florida presentó su demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional a mediados del mes de octubre. Los motivos fueron idénticos a los alegados por Texas y Ohio.
En Alabama, las autoridades estatales aseguran que descubrieron que había al menos 3.000 individuos que lograron inscribirse para votar sin contar con la ciudadanía estadounidense. En este sentido, las autoridades estatales iniciaron una serie de diligencias para impedir que más individuos que no cuenten con la nacionalidad voten en las elecciones. A raíz de esto, el Departamento de Justicia demandó al estado y al Secretario Allen a finales de septiembre, alegando que violaron la Ley Nacional de Registro de Votantes de 1993 (NVRA), ya que el mantenimiento del censo de votantes se produjo dentro del mencionado período de 90 días.
El Departamento de Justicia también demandó al estado de Virginia por aumentar los requisitos y garantías para que en las elecciones de noviembre tan solo voten los ciudadanos de Estados Unidos. Este verano, el gobernador republicano Glenn Yougkin ordenó a la agencias estatales “emprender esfuerzos de seguridad electoral de cara a las elecciones de noviembre”.
Para el DOJ, estas iniciativas también van en contra de la NVRA de 1993, lo cual no fue reemplazada aún en el Congreso por el proyecto de ley republicano “Save”, el cúal murió en la Cámara de
Representantes.
