La Prensa de Colorado Una coalición de 12 estados liderada por Ohio presentó una demanda el lunes 25 de octubre contra la administración Biden para retirar las regulaciones implementadas por el presidente Donald Trump, a través de las cuales las clínicas que reciben fondos federales tienen prohibido realizar abortos y derivar pacientes a ” clínicas de planificación familiar ”para ese propósito.
Xavier Becerra, jefe del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), informó el 4 de octubre que el programa federal de planificación familiar volvería a funcionar bajo la administración de Obama cuando se utilizaron millones de dólares de los contribuyentes para financiar abortos. AP News informó en ese momento.
Según la nueva disposición del HHS, a partir del 8 de noviembre, las clínicas que reciben fondos federales podrán nuevamente derivar a mujeres embarazadas para abortos, dejando sin efecto la regulación del presidente Donald Trump impuesta en febrero de 2019, que requería organizaciones que realicen abortos y hagan derivaciones para eso. propósito de hacerlo en clínicas que no reciben fondos federales.
Ante esta situación, la coalición de 12 fiscales generales en representación de sus respectivos estados presentó este lunes una demanda contra la administración Biden.
Dave Yost, el fiscal general de Ohio, encabezó la demanda que esencialmente busca restaurar la política de la administración Trump que requiere que las clínicas del Título X sean física y financieramente independientes de las clínicas de aborto y que también se abstengan de derivar pacientes para abortar.
El Título X es un programa federal de planificación familiar de casi medio siglo de antigüedad que proporciona alrededor de $286 millones en subvenciones anuales a clínicas que atienden principalmente a personas de bajos ingresos.
Yost, un republicano conocido, dijo que el interés en restablecer la regla de la de la administración del presidente Trump es, en última instancia, garantizar que las clínicas financiadas con fondos federales solo puedan recibir fondos de los contribuyentes para servicios de planificación familiar distintos del aborto.
“No se puede ‘seguir el dinero’ cuando todo el dinero se vierte en un bote y se mezcla”, dijo Yost en un comunicado. “La ley federal prohíbe que los contribuyentes financien el aborto, y esa ley no significa nada si el dinero federal no se mantiene separado”.
La medida del presidente Donald Trump obligó a Planned Parenthood y a otras clínicas de aborto a proporcionar servicios de salud separados.
Por ejemplo, los exámenes de detección de cáncer, las pruebas de Papanicolaou y los exámenes de los senos se presentarían por separado de sus servicios de aborto.
Lo que se había logrado con esta regulación es que los fondos de los contribuyentes no financiarían empresas que se dedican al comercio del aborto. En cambio, el propósito original de la ley era mantener su objetivo original, que era financiar la atención médica para los ciudadanos con menos recursos.
Siguiendo la ideología de los sectores más izquierdistas del Partido Demócrata, las autoridades sanitarias entienden el aborto y la planificación familiar como un tema directamente asociado a la salud y la atención médica.
Es por eso que al asumir el cargo en enero, Joe Biden criticó las políticas pro-vida del presidente Donald Trump y dijo en un memorando que “ponen en riesgo la salud de las mujeres al dificultar que las mujeres reciban información médica completa”.
El HHS propuso originalmente el cambio de regulación en abril, pero se le requirió que se sometiera a un período de notificación, discusiones y revisión adicional antes de que se pudiera finalizar la regla.
Después de superar los obstáculos legales, el HHS ahora confirmó la derogación de la regulación de la era Trump que brinda buenas noticias a los sectores asociados con la industria del aborto.
Los 11 estados con tintes conservadores que se unieron a la demanda de Ohio son Alabama, Arizona, Arkansas, Florida, Kansas, Kentucky, Kentucky, Missouri, Nebraska, Oklahoma, Carolina del Sur y Virginia Occidental.
Queda por ver cómo responderán los jueces a la nueva demanda en esta larga pugna entre sectores provida y políticos asociados a la izquierda que buscan normalizar y extender el aborto como un derecho que el gobierno debe financiar.
