La Prensa de Colorado La Corte Suprema está lista para escuchar un caso importante que podría cambiar la capacidad de los inmigrantes para apelar las decisiones tomadas por los funcionarios de inmigración y convertirse en una bendición para la agenda del expresidente Donald Trump de deportar a los inmigrantes ilegales, si gana en noviembre.
Los nueve jueces escucharán argumentos orales el martes en un caso que involucra si los tribunales federales pueden revisar la decisión de una agencia de inmigración de revocar una petición de visa.
La decisión final podría tener implicaciones de amplio alcance y dificultar que los inmigrantes impugnen las decisiones sobre su capacidad de permanecer en los Estados Unidos mientras Trump hace campaña para la presidencia con la promesa de iniciar deportaciones masivas si es reelegido.
“Esta es una disputa técnica sobre si los tribunales pueden revisar la decisión del gobierno de revocar una visa de inmigrante sobre la base de que inicialmente había aplicado incorrectamente criterios no discrecionales”, dijo el profesor de derecho de la Universidad de Georgetown Steve Vladeck en su boletín de Substack One First.
El caso se centra en Amina Bouarfa, ciudadana estadounidense, y su esposo, Ala’a Hamayel, cuya petición de visa fue revocada después de que los funcionarios de inmigración afirmaran que había contraído un matrimonio fraudulento con su ex esposa para obtener la residencia legal.
A pesar de que la ex esposa modificó su declaración inicial, los funcionarios siguieron adelante con la revocación y las apelaciones de Bouarfa fueron denegadas.
Los tribunales inferiores, incluido el Tribunal de Apelaciones del 11º Circuito, dictaminaron que la decisión de revocación era discrecional de los funcionarios de inmigración y, por lo tanto, inmune a la revisión judicial.
Si la Corte Suprema confirma la decisión de los tribunales inferiores, los tribunales federales podrían tener las manos atadas para revisar muchos casos similares, lo que genera inquietud entre los defensores de la inmigración, como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles.
La ACLU presentó un escrito amicus curiae en el caso, advirtiendo de “consecuencias devastadoras” para los inmigrantes y sus familias si el tribunal superior se niega a deshacer la revocación de la petición de visa de Hamayel. Sostuvo que bloquear la revisión judicial podría impedir que los tribunales aborden incluso violaciones constitucionales claras, como decisiones basadas en prejuicios raciales.
Bouarfa sostuvo que los tribunales de apelaciones están divididos sobre si un solicitante de visa puede pedir a un tribunal federal que revise la decisión de una agencia de revocar una petición de visa.
“La decisión inicial de rechazar la petición habría sido revisable judicialmente”, argumentó la peticionaria en su escrito a los jueces, según una sinopsis del caso de SCOTUSblog.
El caso llega en un momento en el que el sistema de inmigración se enfrenta a una enorme acumulación de casos pendientes, con más de 3 millones de casos pendientes en los tribunales de inmigración y fechas de primera comparecencia que se extienden hasta el futuro, hasta 2027 en algunos casos.
Ha habido alrededor de 10 millones de encuentros con migrantes en la frontera que intentan ingresar al país desde 2021.
Los defensores han expresado su preocupación por la posibilidad de que las decisiones apresuradas o erróneas de los funcionarios no se controlen, lo que conduciría a resultados injustos para los migrantes que buscan asilo u otras formas de alivio.
Cabe recalcar que está previsto que los jueces evalúen el caso durante los argumentos orales a las 10 a.m. del martes.
