• March 2, 2024

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Corte Suprema dice que los proveedores de salud pueden ser demandados

La Corte Suprema de Colorado dice que los proveedores de salud pueden ser demandados por denunciar el robo de medicamentos.

Dos jueces instaron a la legislatura a repensar si las organizaciones deberían enfrentar demandas por plantear posibles delitos relacionados con medicamentos recetados a las autoridades estatales.

Aunque los trabajadores de la salud disfrutan de inmunidad ante demandas cuando investigan un posible robo de medicamentos recetados, no existe el mismo escudo para las organizaciones que denuncian dicha actividad criminal, aclaró el lunes la Corte Suprema de Colorado.

Ciertas leyes en Colorado otorgan inmunidad a las “personas” que denuncian delitos o abuso de personas mayores.

Sin embargo, la pregunta para la Corte Suprema era si se podía considerar responsable a New Century Hospice por entregar a una de sus empleadas a la Junta de Enfermería de Colorado cuando sospechaba que podía haber desviado los medicamentos opioides de un paciente para un propósito ilícito.

El tribunal dijo “sí”, ya que New Century no es una “persona”.

“Basándonos en el significado simple de ‘persona’, sostenemos que New Century no tiene derecho a inmunidad”, escribió el presidente del Tribunal Supremo Brian D. Boatright en la opinión del 25 de septiembre, “porque es una corporación, no una persona”.

Dos miembros del tribunal escribieron por separado para pedir a los legisladores estatales que reconsideraran si la falta de inmunidad de las organizaciones de atención médica equivale a una política pública inteligente. Específicamente, advirtió el juez William W. Hood III, la ley tal como está redactada podría disuadir las denuncias de robo de opioides recetados en un momento en que las muertes por sobredosis de drogas se están disparando en Colorado.

“Al otorgar inmunidad a las personas que denuncian sospechas de desvío de medicamentos recetados, la legislatura claramente busca fomentar dicha denuncia”, escribió Hood para él y para la jueza Mónica M. Márquez. Sin embargo, las organizaciones que hacen informes similares pueden enfrentar demandas si las acusaciones no están fundamentadas.

“Este trato inconsistente parece lo suficientemente sorprendente como para que tal vez no haya sido intencionado. Si es así, animo a la legislatura a aclarar mediante nueva legislación el alcance de la inmunidad que pretendía proporcionar”, añadió Hood.

Actualmente, un comité legislativo se está reuniendo antes de la próxima sesión para estudiar los trastornos por uso de opioides y otras sustancias.

El presidente del comité, el representante Chris deGruy Kennedy, demócrata por Lakewood, calificó el caso de New Century como “interesante”, pero no creía que el comité tuviera suficiente tiempo para explorar la cuestión específica de la responsabilidad de los proveedores de atención médica planteada por el acuerdo de Hood.

El presidente del Tribunal Supremo de Colorado, Brian D. Boatright, izquierda, y el juez William W. Hood III, escuchan un argumento durante una sesión de tribunales comunitarios celebrada en la escuela secundaria Pine Creek en Colorado Springs el jueves 17 de noviembre de 2022. ( La Gaceta, Parker Seibold)

“Ciertamente estaría abierto a discutir si se justifican cambios aquí, pero las implicaciones potenciales van mucho más allá de la cuestión de los opioides desviados y requerirían una conversación más amplia”, afirmó.

El vicepresidente del comité, el senador Kevin Priola, demócrata por Henderson, dijo a Colorado Politics: “Lo investigaremos”.

En el caso  subyacente, Tana  Edwards era una enfermera que  trabajaba para  New Century en sus  distintas  oficinas  en  las áreas de Denver y Colorado Springs.

Después de que comenzó a cuidar a un paciente de 92 años a través de la oficina de Castle Rock, su supervisora, Kathleen Johnson, notó que el paciente estaba recibiendo una cantidad inusualmente grande de pastillas de oxicodona recetadas.

Johnson y otro empleado de New Century viajaron a la casa del paciente en diciembre de 2019 para inventariar todos los medicamentos y calcularon que faltaban 465 pastillas. Creyendo que Edwards se los había llevado, New Century inició una investigación.

La compañía presentó un informe a la policía de Castle Rock y notificó al departamento de salud del estado, además de a la Junta de Enfermería de Colorado.

Edwards acordó suspender voluntariamente su licencia de enfermería ante las acusaciones.

Sin embargo, los fiscales locales se negaron a presentar cargos penales y la junta de enfermería también absolvió a Edwards, dándole sólo una advertencia para el futuro.

Luego, Edwards demandó a Johnson y New Century, alegando que la investigación fue defectuosa e ignoró la presencia de un contenedor de pastillas “desbordado” en la casa del paciente que habría explicado adónde fue a parar el medicamento faltante.

En diciembre de 2022, el juez del Tribunal de Distrito de Denver, Mark T. Bailey, desestimó la mayoría de los reclamos de Edwards.

Johnson actuó de buena fe al denunciar un presunto robo de drogas, concluyó, por lo que tenía derecho a inmunidad. Sin embargo, New Century podría ser demandada por el daño que supuestamente le causó a Edwards porque no era una “persona” y, por lo tanto, no era inmune.

“Las consecuencias de una denuncia incorrecta son graves y, como lo demuestra este caso, pueden incluir una investigación criminal, suspensión de la licencia de enfermera, interferencia con las relaciones con los pacientes y vergüenza y ansiedad para la persona denunciada”, escribió Bailey.

New Century apeló ante la Corte Suprema, argumentando que se enfrentaba a un juicio por hacer lo que la ley le exigía: denunciar un posible delito.

Además, la pérdida de inmunidad llevaría a otras organizaciones sanitarias a pensarlo dos veces antes de investigar el robo de medicamentos recetados.

La Corte Suprema concluyó que el contexto de las leyes de inmunidad dejaba claro que sólo se aplicaban a personas, no a corporaciones.

Aunque una disposición protegía claramente a las corporaciones, la inmunidad sólo entra en vigor cuando un informe plantea la posibilidad de que puedan ocurrir conductas criminales adicionales en el futuro.

Como no estaba claro si el informe de New Century cumplía ese criterio, la Corte Suprema dejó la cuestión para juicio.

Hood, en su acuerdo, dijo que “instaría” a la Asamblea General a reexaminar las leyes de inmunidad, dado el posible efecto paralizador que el fallo del tribunal podría tener sobre la cooperación de las organizaciones de atención médica en la lucha contra las sobredosis de drogas.

“Lo que está en juego aquí no se pierde en esta corte”, escribió.

El caso es Edwards contra New Century Hospice, Inc. et al.

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