La Prensa de Colorado 
Según la documentos desclasificados del Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA) revelaron que el FBI ha tomado minuciosamente datos de los estadounidenses, obtenidos ilegalmente por la Agencia de Seguridad Nacional (NSA).
Esta información sería utilizada para construir casos contra los partidarios del presidente, Donald Trump, y contra otros supuestos conservadores, es decir opositores ideológicos de los demócratas, de acuerdo con Big League Politics del 27 de abril.
Pero fue la manifestación del 6 de enero en el Capitolio la que presentó la excusa adecuada para liberar contra los seguidores de Trump la persecución política, con el nombre de terrorismo doméstico, y aplicarles una polémica ley que los demócratas estaban preparando desde el año anterior.
Durante el evento ocurrido en el Capitolio, infiltrado por activistas de los grupos marxistas Antifa y Black Lives Matter (BLM), la única muerte fue la de la veterana Ashli Babbitt, quien fue víctima del ataque de uno de los empleados de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.
No obstante, el FBI creó cientos de casos y arrestó a muchos de los patriotas que se manifestaron inconformes con los polémicos resultados de la elección presidencial del 2020, y que buscaban que se respetaran sus derechos electorales, vulnerados.
Si bien los demócratas han sido los más feroces perseguidores de sus oponentes, en las filas de los republicanos hay algunos de ellos, denominados republicanos solo de nombre (RINO, por la sigla en inglés) que también actuaron en contra de sus copartidarios.
Un caso que ha llamado la atención fue el del medio Washington Examiner, supuestamente “conservador”, que publicó a principios de febrero un artículo en el que exigía tratar a los seguidores de Trump como a terroristas del movimiento Al Qaeda.
El autor, un exfuncionario de Seguridad Nacional, Kevin Carroll, pedía entre otros castigos y restricciones a la libertad individual “presentar los cargos por los delitos más graves posibles contra el mayor número de participantes en la insurrección [del Capitolio]”, citó American Greatness.
“El tipo de sistema que propone Carroll despojaría potencialmente a millones de estadounidenses de sus derechos y ampliaría nuestro ya hinchado aparato de seguridad. ¿Y con qué propósito? ¿Para asegurar que los partidarios de Trump no vuelvan a protestar?”, pregunta el autor Paul Bradford.
Y agrega: “Y no se trata solo de retórica vacía, sino que se traduce en un grave menosprecio de nuestras libertades civiles. A múltiples manifestantes del Capitolio se les ha denegado la libertad bajo fianza principalmente por sus creencias políticas, no por sus acciones”.
Estos procedimientos ilegales del FBI no son nuevos, en el 2019 el Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (Tribunal FISA) encontró que el FBI utilizó los identificadores de 16,000 estadounidenses para peinar los datos recogidos bajo este programa, a pesar de que solo podía justificar legalmente siete de esas consultas, según el Centro para la Democracia y la Tecnología el año pasado.
En otra ocasión el Tribunal de Vigilancia de la Inteligencia Extranjera determinó en el 2018 que el FBI tomó ilegalmente datos de un programa de vigilancia de Internet sin orden judicial, violado la ley y las protecciones de la Cuarta Enmienda de la Constitución contra las búsquedas irrazonables.
Estas irregularidades son propiciadas por los criterios de vigilancia mínimos, con base en los cuales decenas de miles de extranjeros en el extranjero son objeto de vigilancia cada año, y sus comunicaciones almacenadas para uso futuro.
Solo en 2019 hubo 204,968 casos de vigilancia usando este recurso.
