La Prensa de Colorado El exjefe de policía de Denver puede ser demandado por fuerza excesiva en las protestas de 2020, dictamina un juez federal.
El caso es uno de los muchos presentados en respuesta a los arrestos y el uso de la fuerza contra manifestantes de Denver durante el verano de 2020.
A principios de este mes, un juez federal permitió que se presentara una única demanda por fuerza excesiva contra el exjefe de policía de Denver por su presunto papel en la dirección de la respuesta de la ciudad a las protestas por la justicia racial en el verano de 2020.
Al mismo tiempo que el juez principal del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, William J. Martínez, se negó a desestimar el reclamo contra el exjefe Paul Pazen, desestimó las acusaciones contra varios otros agentes del orden, dos gobiernos locales y el sheriff del condado de Jefferson.
La demanda de Suzy Dennis fue una de varias presentadas en un tribunal federal tras el asesinato policial de George Floyd en Minneapolis en mayo de 2020. También estallaron manifestaciones internacionales en solidaridad con el movimiento Black Lives Matter en Estados Unidos.
El entonces alcalde Michael Hancock impuso un toque de queda nocturno durante varios días a raíz de la violencia y los daños a la propiedad. Los agentes hicieron cumplir el toque de queda y utilizaron proyectiles y gases lacrimógenos para contener o dispersar a los manifestantes.
Dennis alegó que estaba caminando por Colfax Avenue durante el toque de queda cuando se detuvo y decidió grabar a los manifestantes no violentos. A los pocos minutos, la policía comenzó a utilizar la fuerza. Un proyectil alcanzó la mano de Dennis, causándole graves daños en el dedo índice que requirieron tratamiento médico exhaustivo.
Sin embargo, en su demanda, Dennis señaló que no conocía la identidad de la persona que le disparó. En cambio, atribuyó su lesión a un miembro del equipo SWAT regional del condado de Jefferson, formado por agentes del orden de las jurisdicciones del área metropolitana. Nombró como acusados a varios agentes individuales, a las ciudades de Arvada y Golden, al entonces sheriff de Jeffco, Jeff Shrader, y a la propia Denver.
Al intentar desestimar su demanda, los acusados observaron que Dennis no había conectado a ningún oficial específico con el daño en el dedo.
“La señora Dennis ni siquiera puede afirmar que los agentes nombrados constituyen todo el subconjunto del JCRS que podría haber causado su lesión”, escribió la Oficina del Fiscal del Condado de Jefferson.
Martínez estuvo de acuerdo en una orden del 12 de septiembre y encontró que las acusaciones de Dennis eran “lamentablemente inadecuadas” y fueron hechas “sin explicar remotamente quién le hizo qué”.
En cuanto a los gobiernos locales que Dennis mencionó, Martínez explicó que la demanda necesitaba identificar cómo las políticas de un municipio o la indiferencia deliberada hacia la falta de capacitación de sus funcionarios estaban detrás de las lesiones de Dennis. Sin embargo, las acusaciones de Dennis no demostraron cómo alguna de las entidades gubernamentales estaba al tanto de que las violaciones constitucionales eran inminentes, escribió Martínez.
Aunque las acusaciones de Dennis contra Pazen estuvieron “por poco”, el juez concluyó que Dennis había afirmado de manera creíble que el jefe violó sus derechos constitucionales.
Dennis alegó que Pazen había abierto un “puesto de mando”, autorizado proyectiles para “controlar y reprimir a los manifestantes” y elogió públicamente la contundente respuesta de los agentes a las protestas. La Oficina del Fiscal de la Ciudad de Denver cuestionó que Dennis hubiera citado “cualquier acción deliberada e intencional tomada por el demandado Pazen con el fin de causar la lesión del demandante”, pero Martínez consideró lo contrario.
Dennis “ha alegado de manera plausible un vínculo afirmativo entre las acciones personales de Pazen y el uso de la fuerza que la hirió”, escribió.
En la misma orden, Martínez rechazó la afirmación de Dennis de que Pazen también violó sus derechos de la Primera Enmienda al atacar a los manifestantes debido a su punto de vista. Dennis no ilustró cómo las acciones de Pazen que la hirieron fueron motivadas por sus puntos de vista, concluyó Martínez.
La demanda de Dennis ahora procederá como un reclamo de fuerza excesiva contra Pazen. Arvada no presentó una moción de desestimación y permanece en el litigio.
Desde 2020, los jueces federales se han negado a desestimar múltiples demandas presentadas contra Denver y sus agentes de policía por usar la fuerza contra los manifestantes.
Los casos han llevado a millones de dólares en acuerdos hasta el momento, y el concejo municipal de Denver aprobó recientemente $1 millón para un grupo de seis manifestantes a principios de septiembre.
Un conjunto de reclamaciones que involucraban a 12 manifestantes dieron lugar a un veredicto del jurado de 14 millones de dólares a su favor en marzo de 2022.
El mes pasado, el consejo también aprobó el pago de 4,72 millones de dólares para resolver reclamaciones que involucran a cientos de personas arrestadas por violar el toque de queda.
El caso es Dennis contra la ciudad y el condado de Denver et al.
