Hombre de Utica acusado de tentación en línea y viaje interestatal con la intención de participar en un acto sexual con un menor.
La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Pensilvania anunció que Joan Perez, de 20 años, de Utica, Nueva York, fue acusada el 23 de febrero de 2021 por un gran jurado federal por incitación en línea de un menor y un viaje interestatal con la intención de participar en un acto sexual con un menor.
Según el fiscal federal interino Bruce D. Brandler, la acusación formal alega que Pérez usó su teléfono celular para atraer y obligar a un menor a participar en actividades sexuales. Además, la acusación formal alega que Pérez viajó a Pensilvania con el fin de participar en un acto sexual con dicho menor.
Los cargos se derivan de una investigación de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) – División de Filadelfia, el Departamento de Policía de Scranton y la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Lackawanna. El fiscal federal adjunto James Buchanan está procesando el caso.
Las acusaciones son solo acusaciones. Se presume que todas las personas acusadas son inocentes a menos que y hasta que sean declaradas culpables en un tribunal.
El juez impone una sentencia después de una determinación de culpabilidad después de considerar los estatutos federales de sentencia aplicables y las Directrices federales de sentencia.
Las penas máximas bajo la ley federal para estos delitos son cadena perpetua, un período de libertad supervisada después del encarcelamiento y una multa.
De acuerdo con las Pautas Federales de Sentencias, el juez también debe considerar y sopesar una serie de factores, incluida la naturaleza, las circunstancias y la gravedad del delito; la historia y características del acusado; y la necesidad de castigar al acusado, proteger al público y atender las necesidades educativas, profesionales y médicas del acusado. Por estas razones, la pena máxima legal por el delito no es un indicador preciso de la posible sentencia para un acusado específico.
Este caso fue presentado como parte del Proyecto Niñez Segura, una iniciativa nacional lanzada en mayo de 2006 por el Departamento de Justicia para combatir la creciente epidemia de explotación y abuso sexual infantil. Dirigido por las Fiscalías de los Estados Unidos y la Sección de Explotación y Obscenidad Infantil de la División de lo Penal, el Proyecto Niñez Segura reúne recursos federales, estatales y locales para localizar, detener y enjuiciar a las personas que explotan sexualmente a niños y para identificar y rescatar a las víctimas.