La Prensa de Colorado 
La administración Trump impugna ante los tribunales la prohibición de cargadores de gran capacidad de Colorado.
La demanda se presenta un día después de que el Departamento de Justicia demandara a Denver por su prohibición de armas de asalto.
La administración Trump demandó al estado de Colorado por su ley que restringe los cargadores de gran capacidad para rifles, un día después de haber demandado a la ciudad de Denver por su prohibición de armas de asalto.
La demanda, presentada el miércoles por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, sostiene que las restricciones impuestas por el estado a los cargadores capaces de albergar más de 15 cartuchos violan los derechos de la Segunda Enmienda de los ciudadanos de Colorado.
“La prohibición de Colorado sobre ciertos cargadores constituye una señalización política de virtud a expensas del derecho constitucional de los estadounidenses a poseer y portar armas”, declaró en un comunicado la fiscal general adjunta Harmeet Dhillon, quien dirige la División de Derechos Civiles.
“Bajo mi dirección, la Sección de la Segunda Enmienda de la División continuará defendiendo los derechos de los estadounidenses respetuosos de la ley frente a restricciones inconstitucionales sobre su derecho a poseer armas, las cuales son propiedad de decenas de millones de sus conciudadanos”.
La semana pasada, Dhillon envió una carta a los funcionarios de Denver y de Colorado advirtiendo que el departamento presentaría demandas si no acataban voluntariamente la exigencia de suspender la aplicación de las prohibiciones sobre rifles semiautomáticos y cargadores de gran capacidad antes de las 5:00 p. m. (hora del Este) del martes. La abogada de la ciudad de Denver, Miko Brown, respondió calificando la solicitud de “infundada, irresponsable y una clara extralimitación del poder del gobierno federal”. El departamento presentó la demanda contra la ciudad antes de que venciera el plazo de las 5:00 p. m.
Ambas demandas argumentan que la aplicación de las políticas estatales y municipales priva a los ciudadanos de sus derechos amparados por la Segunda Enmienda.
Las demandas solicitan idénticas medidas al tribunal: prohibir que Denver y Colorado hagan cumplir sus respectivas prohibiciones y ordenarles que adopten nuevas políticas y procedimientos.
Las leyes sobre cargadores de gran capacidad son políticas responsables que satisfacen las protecciones de la Segunda Enmienda, reducen el impacto letal de los tiroteos masivos y salvan vidas.
— Phil Weiser, fiscal general de Colorado.
Colorado ha restringido la venta y posesión de cargadores con capacidad para más de 15 cartuchos desde 2013, año en que la Legislatura estatal aprobó una ley a raíz del mortal tiroteo masivo ocurrido en 2012 en una sala de cine en Aurora.
El año pasado, la Legislatura estatal aprobó una ley que exige a toda persona que adquiera un arma de fuego semiautomática cumplir con ciertos requisitos de capacitación.
Los esfuerzos por prohibir la fabricación, la compra y la venta de armas de asalto —aunque no su posesión— fracasaron en 2023 y 2024.
El Tribunal Supremo de Colorado ratificó por unanimidad en 2020 la ley estatal de 2013, cuando la organización *Rocky Mountain Gun Owners* presentó una demanda en su contra ante un tribunal estatal.
La normativa de Denver ha restringido la venta y la posesión de armas de asalto desde 1989.
**El fiscal general se muestra desafiante**
El fiscal general de Colorado, Phil Weiser —un demócrata que se postula para gobernador—, declaró que la demanda contra el estado constituye un “peligroso exceso de autoridad” por parte del Departamento de Justicia y que “pone patas arriba la misión de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia”.
“Las leyes sobre cargadores de gran capacidad son políticas responsables que respetan las protecciones de la Segunda Enmienda, reducen el impacto letal de los tiroteos masivos y salvan vidas”, afirmó Weiser en un comunicado. “El estado tiene el deber de proteger a los residentes de Colorado contra la violencia armada, y yo defenderé con vigor nuestra ley estatal sobre el límite de capacidad de los cargadores frente a este ataque del Departamento de Justicia de la administración Trump”.
Ian Escalante, director ejecutivo de *Rocky Mountain Gun Owners*, sostuvo que Colorado “no ha mostrado más que desdén por nuestros derechos otorgados por Dios durante la última década”.
“Han estado incinerando la Constitución con total descaro y, hasta ahora, han enfrentado pocas o ninguna repercusión”, señaló Escalante en un comunicado. “Rezo para que esto marque el comienzo de una tendencia recurrente por parte del Departamento de Justicia: deshacer sistemáticamente todo el daño infligido a los habitantes de Colorado por los tiranos de Denver, y el principio del fin del aparato de control de armas aquí en Colorado”.
Janet Carter, directora gerente de litigios sobre la Segunda Enmienda en *Everytown Law*, calificó la demanda como una “peligrosa amenaza para la seguridad pública” y un ataque contra el “límite de capacidad de los cargadores que salva vidas” en Colorado.
“Los autores de tiroteos masivos que utilizan esos cargadores pueden disparar docenas de proyectiles en cuestión de segundos; la medida de sentido común adoptada por Colorado ha protegido a sus residentes durante más de una década”, declaró Carter en un comunicado. “Al presentarse apenas un día después de su demanda contra Denver, resulta evidente que el Departamento de Justicia está trabajando para despojar a las comunidades de las herramientas que necesitan para garantizar la seguridad de las personas. Respaldamos a Colorado y lucharemos para defender estas leyes constitucionales, vitales y salvadoras de vidas”.
Es evidente que la demanda por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos es en favor de todos los residentes por la prohibición de los derechos de la Segunda Enmienda de los ciudadanos de Colorado.
