González-Flores El Condado Arapahoe acordó indemnizar con 30 mil dólares a Claudia Valdez, una víctima de violencia doméstica y quien, tras llamar a la policía por ayuda, fue arrestada y luego detenida en la Cárcel del Condado Arapahoe bajo una solicitud de las autoridades federales de inmigración por tres días, después de que un juez había ordenado su liberación.
La información fue dada a conocer por Julie Gonzales, gerente de la firma de la Oficina del Abogado de Inmigración Hans Meyer.
Sobre el caso, en un comunicado se dio a conocer que Valdez llamó a la policía en julio de 2012, después del incidente de violencia doméstica que ella sufrió por parte de su esposo. Fue una agresión física la que ella sufrió. Cuando los policías llegaron al lugar de la escena, arrestaron a la mujer y fue llevada a la cárcel. Pero después de que su esposo admitiera que él había sido el agresor, un juez ordenó la liberación de Valdez. Sólo que en lugar de liberarla, la Oficina del Alguacil del Condado Arapahoe la detuvo por tres días adicionales en cumplimiento de una orden de retención por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).
Por su parte, la Unión Americana de Libertades Civiles (UCLA, por sus siglas en inglés) de Colorado, argumentó tras una carta enviada en abril a todos los alguaciles del Estado, que estaban actuando sin autoridad legal y enfrentaban responsabilidad legal si dependían en las órdenes de retención de ICE, como base para seguir deteniendo presos, quienes serían liberados sin la presencia de esta orden, de acuerdo a la misma información enviada por la oficina del abogado Meyer.
“Cuando ICE pide a un aguacil detener a un preso, la agencia en esencia está pidiendo al aguacil en hacer un arresto nuevo. Y la ley de Colorado simplemente no provee esta autoridad a los aguaciles para hacer este arresto”, dijo Mark Silverstein, Director Legal por ACLU de Colorado. “La experiencia de la Sra. Valdez enfatiza el daño a la seguridad pública y la confianza comunitaria que resulta cuando víctimas de crimen tienen miedo que cualquier contacto con las oficiales de la ley, pueda ser el primer paso en un proceso continuo de ser trasladado a la cárcel y luego a los procedimientos de inmigración”, mencionó Rebecca Wallace, Abogada por la ACLU de Colorado.
Después de la carta de ACLU, más de dos docenas de aguaciles alrededor del estado han cambiado sus pólizas y han anunciado que no honrarán las ordenes de retención de inmigración de ICE. “La Oficina del Aguacil del Condado Arapahoe y los comisionados del condado deben de ser elogiados por haberse presentado y hecho lo bueno en este caso”, agregó Silverstein.
Valdez ha vivido en Colorado por 15 años, tiene tres hijos ciudadanos de los EE.UU., y no tiene historial criminal, pero aún enfrenta los procedimientos de deportación como resultado de su arresto y detención en el 2012.
“A ICE le gustaría que el público crea que solo se enfocan en criminales serios por la deportación,” dijo Hans Meyer, un abogado cooperando con la ACLU en este caso, quien también representa a Claudia Valdez en sus procedimientos de inmigración. “La realidad inquietante es que ICE usa su régimen de las ordenes de retención de inmigración para perpetuar una trampa de deportación que se enfoca en personas buenas como Claudia Valdez, una persona quien respeta las leyes, una madre de tres hijos y quien ha vivido en Colorado por muchos años, quien buscó el contacto con la policía sólo porque necesitaba ayuda. ICE debe cambiar sus prácticas para emparejar a su retórica pública”.
