Legisladores quieren una auditoría de los 17 centros de salud mental sin fines de lucro

Los legisladores quieren una auditoría de los 17 centros de salud mental sin fines de lucro de Colorado

Los centros vieron menos clientes durante la pandemia a pesar del aumento de los problemas de salud mental

El Comité de Auditoría Legislativa autorizó al auditor estatal a redactar un proyecto de ley que investigaría 17 centros comunitarios de salud mental sin fines de lucro a los que se les otorgaron “contratos de no competencia y un estado de tarifa privilegiada durante casi 60 años, sin supervisión significativa”.

La auditoría fue solicitada en enero por los representantes Dafna Michaelson Jenet, D-Aurora y Colin Larson, R-Littleton, y los senadores Robert Rodriquez, D-Denver y Julie Gonzales, D-Denver, todos miembros del comité de auditoría.

En diciembre, Colorado News Collaborative informó que los centros “colectivamente han tratado a menos clientes durante la pandemia que antes, a pesar de las crecientes necesidades de salud mental. Al mismo tiempo, más de la mitad de los centros han tenido reservas líquidas de $10 millones o más. El centro de Denver mantuvo más de $40 millones en reservas líquidas mientras que sus clientes enfrentaron tiempos de espera récord para recibir atención”, dice el informe.

Entre los hallazgos del informe:

El sistema de pago del estado creó inadvertidamente un incentivo financiero para que los centros aceptaran a menos personas enfermas y cobraran costos más altos, al mismo tiempo que los protegían de la competencia;

Los centros han estado cobrando a los contribuyentes hasta 17 veces más que los proveedores independientes de Medicaid por los mismos servicios, pero con poca transparencia sobre los gastos en los que se basan esas tarifas;

Varios centros, incluidos aquellos en comunidades con poblaciones inmigrantes considerables, no han tenido proveedores de atención que hablen español;

A algunos centros se les ha pagado por programas que no han brindado, sin que las agencias estatales los financien y regulen.

En enero, renunció el director ejecutivo de Mind Springs, uno de los 17 centros, y que brindaba servicios de salud conductual en 10 condados de Western Slope.

La solicitud de los legisladores pedía una mirada a las funciones del Departamento de Servicios Humanos de Colorado y el Departamento de Políticas y Financiamiento de Atención Médica de Colorado y su efectividad en la supervisión de los servicios de atención de salud conductual.

El auditor le dijo al comité de auditoría el martes que podían hacer una auditoría de desempeño estándar bajo su autoridad, pero si el comité lo autorizaba a través de la legislación, una auditoría podría analizar el problema de supervisión y examinar los procesos y registros de las organizaciones sin fines de lucro.

El comité optó por  autorizar  un  proyecto de ley, que podrían revisar tan  pronto como su próxima reunión, programada para el 22 de marzo.

La carta del auditor señaló el momento de la auditoría, ya que se aplica a la creación de una Administración de Salud del Comportamiento,  que  se  está considerando bajo el Proyecto de Ley 1278 de la Cámara de Representantes.

Esta semana, los legisladores presentaron el primero de varios proyectos de ley que dirigirán el gasto de $450 millones en fondos federales.

Dólares de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense en servicios de salud del comportamiento relacionados con la pandemia.

La Prensa de Colorado

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