La Prensa de Colorado 
La nueva ley de Colorado que otorga a los políticos un margen de maniobra para bloquear a las personas en las redes sociales puede ser mucho más difícil de usar de lo que parece.
Los abogados no partidistas de la legislatura advierten que el Proyecto de Ley 1306 de la Cámara de Representantes no evitará necesariamente las demandas y destacaron una serie de lagunas potenciales en la política.
El proyecto de ley abipartidista aprobado este año por los legisladores de Colorado que pretende permitir que los funcionarios estatales bloqueen a las personas en las redes sociales por cualquier motivo, siempre que sus cuentas no estén “respaldadas por los recursos del gobierno estatal”, parece que puede ser mucho más difícil de usar, y puede que ni siquiera sea constitucional.
La medida, el Proyecto de Ley 1306 de la Cámara de Representantes, que se convirtió en ley a principios de junio, pretende abordar la ambigüedad en torno a si los políticos que bloquean a sus electores en sitios como Facebook y Twitter violan la Primera Enmienda. Ha habido demandas a tal efecto en Colorado que han dado lugar a costosos acuerdos cubiertos por los contribuyentes.
Los jueces han emitido opiniones contradictorias sobre el asunto, y la Corte Suprema de los Estados Unidos está considerando la cuestión actualmente.
Pero la Oficina de Servicios Legales Legislativos no partidista de Colorado, que brinda asesoramiento legal a los legisladores estatales, emitió un memorando que indica que el Proyecto de Ley 1306 de la Cámara de Representantes puede no ser una gran solución después de todo.
Primero, “recursos del gobierno estatal” podría interpretarse en sentido amplio. La oficina dijo que si un funcionario electo estatal tiene un pasante, un asistente pagado por el estado o un miembro del personal partidista que administra su cuenta de redes sociales durante el horario laboral, eso claramente podría considerarse el uso de un recurso del gobierno estatal.
Incluso acceder a las redes sociales a través de un iPad o una computadora portátil proporcionados por el estado, o iniciar sesión a través de Internet proporcionado por el Capitolio (el “legnet” privado y el “cogawifi” público) podría entrar en la definición de un recurso del gobierno estatal, dijeron los abogados de la legislatura.
Finalmente, si un funcionario estatal electo usó recursos estatales para sus redes sociales antes de la promulgación del Proyecto de Ley 1306 de la Cámara y ahora quiere bloquear a alguien, eso podría ser un problema.
“Se podría argumentar que, como cuestión de ley estatal, esta disposición solo debería aplicarse de manera prospectiva”, decía el memorando. “Por otro lado… un tribunal federal no necesariamente se remitirá a la ley estatal para determinar qué uso anterior es relevante. Si anteriormente usó los recursos del gobierno estatal para administrar sus redes sociales, entonces el enfoque más seguro es crear y usar una nueva cuenta”.
Es muy improbable que los miembros de la Asamblea General que son usuarios frecuentes de las redes sociales nunca antes hayan iniciado sesión en sus cuentas a través de Internet en el Capitolio, lo que significa que seguir la guía casi con seguridad implicaría la creación de nuevos perfiles.
“Creo que, en la práctica, nadie va a hacer eso porque es un verdadero fastidio en cualquier plataforma de redes sociales”, dijo el representante Mike Weissman, un demócrata de Aurora, al revisar el memorando durante una audiencia del comité esta semana.
También sería muy difícil para los legisladores estatales en el Capitolio monitorear de manera proactiva qué conexión a Internet están usando en sus teléfonos inteligentes u otros dispositivos conectados a Internet para no entrar en conflicto con el memorando.
Finalmente, y posiblemente lo más relevante, la oficina de servicios legales advirtió que el hecho de que la Legislatura aprobara y promulgara el Proyecto de Ley 1306 de la Cámara de Representantes no significa que sea constitucional que un funcionario electo del estado bloquee a alguien en las redes sociales.
“Ejercer sus derechos bajo (la nueva ley) no necesariamente impide que una persona a la que usted restringe o prohíbe el uso de sus redes sociales privadas presente una demanda en su contra alegando una violación de los derechos de la Primera Enmienda de la persona”, dijo el memorando. “La ley tampoco garantiza el éxito en la defensa contra tal demanda”.
La nueva ley también se aplica a los funcionarios electos locales. Aunque esos políticos también pueden tener problemas con la definición de lo que es “apoyado por los recursos de un gobierno local”, cuyo uso pasado o futuro les prohibiría bloquear a alguien en las redes sociales.
El memorando también decía que el Comité de Servicios Legales de la legislatura, que está compuesto por legisladores estatales, no puede autorizar a la Asamblea General a pagar abogados para defender a un funcionario electo estatal, y potencialmente cubrir los costos de liquidación, en caso de que se demande a un legislador por bloquear alguien en las redes sociales.
La Coalición de Libertad de Información de Colorado dice que el Proyecto de Ley 1306 de la Cámara de Representantes “se cree que es la única ley estatal de este tipo en el país”. Fue patrocinado por los representantes Leslie Herod, D-Denver, y Matt Soper, R-Delta, así como los senadores Bob Gardner, R-Colorado Springs y James Coleman, D-Denver.
