La Prensa de Colorado 
Un contratista gubernamental anunció que ha firmado un acuerdo de cinco años con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para abrir un nuevo centro federal de procesamiento de inmigrantes en Hudson, al noreste de Denver.
Las instalaciones se ubicarán en un antiguo complejo penitenciario que ha permanecido vacío desde 2014. El complejo es propiedad de un fondo de inversión inmobiliaria, Highlands REIT, y fue inaugurado en la década de 2000. Anteriormente conocido como Hudson Correctional Facility (Centro Correccional de Hudson), ahora pasará a llamarse Big Horn Facility.
Esta adquisición ampliará la capacidad existente más allá del centro de detención del ICE en Aurora, operado también por GEO Group. Dicho centro tiene capacidad para albergar a más de 1,500 personas; el nuevo centro está destinado a acoger a otras 1,200.
“Esperamos que el centro Big Horn en Colorado, arrendado por nuestra empresa, desempeñe un papel importante para satisfacer la necesidad de aumentar las plazas en los centros federales de procesamiento de inmigrantes”, declaró George C. Zoley, presidente, director ejecutivo y fundador de GEO Group.
Poco después del anuncio, el municipio de Hudson emitió un comunicado señalando que no tiene autoridad para aprobar las operaciones federales de detención de inmigrantes en dichas instalaciones privadas.
El municipio afirma que ya está tomando medidas proactivas para prepararse ante posibles repercusiones. Estas incluyen la preparación para respuestas de emergencia y el monitoreo de la capacidad de los servicios de agua y alcantarillado, así como de los efectos en el transporte y las carreteras.
Las autoridades municipales no respondieron a las solicitudes de comentarios sobre este proyecto.
Pero sin embargo, el acuerdo suscitó críticas entre defensores de los derechos legales y de los inmigrantes.
Entre las críticas esta esta que dijó: “La apertura encubierta del centro de Hudson por parte del ICE es otro ejemplo vergonzoso y lamentable del fanatismo antiinmigrante de la administración Trump”, afirmó Olivia Mendoza, directora ejecutiva de la ACLU de Colorado.
La ACLU ha intentado solicitar información gubernamental sobre los planes para la apertura del centro.
Manifestantes se congregaron frente a las antiguas instalaciones en enero, cuando los planes comenzaban a tomar forma.
En aquel momento, también expresaron su oposición ante el ayuntamiento.
“Hemos luchado con uñas y dientes durante el último año, mediante litigios sobre registros públicos, para obtener información básica sobre el plan de expansión del ICE; sin embargo, el ICE ha intentado ocultar dichos planes en todo momento tras documentos con numerosas partes censuradas”, declaró Tim Macdonald, director jurídico de la ACLU de Colorado.
En un comunicado de prensa, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional señaló, entre otras cosas:
“El ICE confirma la adjudicación de un contrato a The GEO Group para la prestación de servicios de detención en las instalaciones de Big Horn, en Hudson, Colorado.
Esta capacidad de detención adicional refuerza la facultad del ICE para implementar las prioridades de la Administración en materia de aplicación de las leyes de inmigración, restaurar la integridad del sistema migratorio nacional y proteger la seguridad pública.
Es una práctica establecida desde hace tiempo brindar atención médica integral desde el momento en que una persona extranjera pasa a estar bajo custodia del ICE. Esto incluye servicios médicos, odontológicos y de salud mental —según disponibilidad—, así como acceso a consultas médicas y atención de urgencia las 24 horas.
Cabe recalcar que para muchos inmigrantes indocumentados, esta es la mejor atención médica que han recibido en toda su vida”.
Por su parte, las oficinas de la congresista Lauren Boebert, cuyo distrito abarca la zona, declinaron hacer comentarios más allá de afirmar: “Apoyamos al ICE”.
Cabe recalcar que en la localidad, algunas personas prefirieron no opinar sobre el proyecto.
Un residente de nombre, Mick y Cheryl DiPaolo, y residentes de larga data, tenían dudas al respecto, pero en general se mostraban a favor.
“Me parece bien. Como ya dije, hay otras cosas en la zona que no apruebo”, comentó Mick DiPaolo.
Señala que sus principales inquietudes giran en torno a los plazos para la apertura de las nuevas instalaciones y al trato que recibirán los detenidos.
“Creo que debería permitirse el acceso a las instalaciones —por ejemplo, a los periodistas— para ver cómo son por dentro.
Pero quiero que muestren la realidad, tanto lo malo como lo bueno. Me preocupa que solo muestren lo negativo y omitan lo positivo”, afirmó Cheryl DiPaolo.
