El juez de Pueblo emitió una orden de restricción temporal que permitiría que los programas de intercambio de jeringas (SEP) reanudaran sus operaciones inmediatamente, después
de que el Concejo Municipal votara en mayo para prohibir la operación y la participación en dichos programas.
La concejal Regina Maestri propuso originalmente una ordenanza en abril de 2022, en un esfuerzo por reducir la parafernalia de drogas en la ciudad. La ordenanza fue aprobada el 13 de mayo en una votación de 5 a 2, que tipificaba como delito “el establecimiento, operación, uso o participación en programas de intercambio o distribución de jeringas”.
Sin embargo, tras una moción de orden de restricción temporal presentada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), el 6 de junio, el Tribunal de Distrito de Pueblo concedió la orden de restricción, deteniendo la aplicación de la ordenanza y permitiendo que los SEP se reanudaran, con efecto inmediato.
Según la ACLU, Colorado autorizó por primera vez el funcionamiento de los SEP por ley en 2010. En ese momento, la ley estatal exigía que dichos programas obtuvieran la aprobación previa de una junta de salud del condado o distrito. En 2020, para eliminar el tema de la influencia política, el Estado modificó la ley para autorizar a organizaciones sin fines de lucro calificadas y con experiencia, como Colorado Health Network y Southern Colorado Harm Reduction Association (SCHRA), a operar SEP sin la aprobación previa de la junta.
“[La orden de restricción] permanecerá vigente hasta que las partes tengan la oportunidad de presentar más pruebas en una audiencia programada para el 10 de julio de 2024”, dijo Tim Macdonald, director legal de la ACLU de Colorado. “Esperamos demostrar por qué esta dañina ordenanza es ilegal y no debe aplicarse”.