La Prensa de Colorado 
El Fiscal General Phil Weiser dice que la presidenta de la Cámara de Representantes, Julie McCluskie, tiene la última palabra sobre si se debe presentar una resolución solicitada por el grupo republicano de la Cámara que intentaría destituir a la Secretaria de Estado Jena Griswold.
McCluskie, en una declaración a Colorado Politics, dijo que apreciaba “el análisis del Fiscal General sobre lo que puede constituir mala conducta en el cargo y qué precedentes, estatutos y reglas existen que pueden guiar nuestras acciones en esta resolución propuesta, y lo estoy tomando en cuenta. “”Sigo considerando lo que es mejor para la Cámara y esta institución, y comunicaré los próximos pasos a mi grupo y a la minoría tan pronto como haya decidido cómo procederemos”.
McCluskie añadió que cree que la resolución es una “pérdida de tiempo injustificada”.
A principios de este mes, los republicanos de la Cámara de Representantes enviaron una carta a McCluskie, pidiéndole que permitiera que su resolución y los artículos de juicio político se presentaran en la Cámara.
McCluskie, después de reunirse con miembros republicanos de la Cámara de Representantes, le pidió a Weiser que opinara.
“Desde que fue elegida, la Secretaria de Estado ha utilizado su posición como plataforma para su ideología política partidista y ha demostrado que no es apta para este puesto electo”, decía la carta del 7 de marzo de los republicanos de la Cámara.
“La solicitud del Secretario de Estado de eliminar a un candidato presidencial de una votación primaria, basándose en acusaciones y sentimientos personales, demuestra una falta de profesionalismo e integridad”, continúa la carta.
La carta afirmaba que Griswold participó en el esfuerzo por eliminar al expresidente Donald Trump de la boleta presidencial de Colorado.
Sin embargo, esa demanda, al fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que diría Trump en la boleta, fue presentada por varios republicanos y votantes no afiliados. Griswold era acusado cuando el caso llegó a la Corte Suprema de Colorado, que dictaminó retirar a Trump de la boleta electoral por participar en la insurrección del 6 de enero en el Capitolio de Estados Unidos.
La Corte Suprema de Estados Unidos no cuestionó esa afirmación de insurrección.
La pregunta que se le pidió a Weiser que abordara tenía que ver con decidir qué marcos legales, estatutos o jurisprudencia regirían un proceso de impeachment y qué motivos existirían para que un funcionario estatal fuera acusado.
La opinión de Weiser primero dijo que ninguna ley o norma estatal proporciona “requisitos procesales expresos para la consideración de un procedimiento de juicio político por parte de la Cámara de Representantes”.
Sin embargo, la opinión también señaló que los procedimientos de juicio político en el pasado (ha habido un total de seis) comenzaron con una resolución de la Cámara, sujeta a la Regla 26 de la Cámara.
En cuanto a los motivos del juicio político, Weiser escribió que la Constitución estatal dicta que una persona puede ser destituida por “crímenes y faltas graves” y mala conducta en el cargo.
Weiser señaló que desde 1876, la Cámara ha considerado procesos de destitución de seis funcionarios estatales, tres de los cuales resultaron en procesos de destitución.
El más reciente fue en 2004, cuando los republicanos de la Cámara de Representantes buscaron la destitución de un juez del Tribunal de Distrito de Denver por un fallo que tomó en un caso de adopción de niños.
Weiser dijo que la última vez que un funcionario estatal fue acusado fue en 1939.
Ese caso involucró a dos miembros de la Comisión de Servicio Civil estatal; ambos fueron acusados.
El Secretario de Estado John Carr fue acusado por la Cámara en 1935 por acusaciones de soborno, pero renunció antes de que el Senado pudiera celebrar un juicio.
Pero Weiser también opinó que es decisión de McCluskie si la resolución de juicio político buscada por el Partido Republicano de la Cámara podría presentarse.
“El presidente tiene discreción para presentar una resolución que busca la destitución de un funcionario estatal ante la Cámara en pleno o para remitir la resolución a un comité de referencia”, escribió Weiser.
La Constitución no dice nada sobre cómo la Cámara debería iniciar un procedimiento de juicio político y el proceso que la Cámara debe seguir al considerar si debe acusar a un funcionario estatal, añadió.
Weiser también destacó el lenguaje de la Constitución sobre lo que define la mala conducta. “La malversación consiste en realizar un acto que es totalmente ilícito e ilegal; implica un acto que el funcionario no tiene autoridad para realizar.
La malversación en el cargo no puede ser imputada excepto por incumplimiento de un deber legal positivo o por realizar un acto discrecional con una intención inadecuada. o motivo corrupto”, citando fallos de la Corte Suprema de Colorado.
El representante Ryan Armagost, republicano por Berthoud, quien se espera que patrocine la resolución, dijo a Colorado Politics que la opinión no contenía sorpresas.”Parecía lo que ya sabíamos”, dijo Armagost. “Creo que lo único que no tenía claro era si debía leerlo en el suelo o enviarlo a un comité de referencia”.
Él cree que la opinión ayuda a McCluskie a afirmar que es su discreción presentar la resolución. “La pelota está en su tejado”, dijo Armagost. “Hemos estado más que dispuestos a comunicarnos y esperar las cosas, pero en este punto es una demora intencional”, con la esperanza de que el tema desaparezca del radar, agregó.
