La Prensa de Colorado 
Venezuela, Cuba y Nicaragua se encuentran entre los países con mayor prevalencia de tráfico de personas, según el Informe sobre la Trata de Personas de 2024 (Informe TIP) publicado este lunes por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Este informe clasifica a los países de acuerdo con la gravedad del tráfico de personas y coloca a los mencionados en el nivel más grave por no cumplir con los estándares mínimos para la eliminación del tráfico y no hacer esfuerzos significativos para abordar el problema.
Nicaragua: Negación y falta de acción En el caso de Nicaragua, el informe señala que el régimen de Daniel Ortega continúa minimizando la gravedad del problema del tráfico de personas. Por segundo año consecutivo, las autoridades nicaragüenses no identificaron a ninguna víctima de trata ni procesaron o condenaron a ningún traficante. Esta inacción refleja una falta de compromiso del gobierno para enfrentar este grave problema.
Venezuela
Para Venezuela, el informe solicita una investigación y enjuiciamiento rigurosos de los traficantes y sus cómplices, particularmente aquellos involucrados en el tráfico sexual infantil, el reclutamiento o uso de niños por parte de grupos armados ilegales, y el tráfico de hombres y personas LGTBQ. La situación en Venezuela es crítica, con numerosas denuncias de explotación y abuso que requieren una respuesta inmediata y efectiva por parte del gobierno.
Cuba
En cuanto a Cuba, el Departamento de Estado insta al régimen a asegurar que los programas de exportación laboral patrocinados cumplan con los estándares laborales internacionales. Específicamente, se pide que los participantes reciban salarios justos que se depositen completamente en cuentas bancarias controladas por los trabajadores.
Estas reformas son esenciales para prevenir la explotación laboral y proteger los derechos de los trabajadores cubanos en el extranjero.
Desafíos y deficiencias en la lucha contra el trabajo forzoso
A nivel general, el informe señala que aunque muchos países muestran voluntad política para abordar el tráfico sexual, los esfuerzos para combatir el trabajo forzoso son débiles.
Las inspecciones laborales suelen estar mal financiadas y carecen de personal suficiente, además de tener una autoridad limitada o nula para inspeccionar los lugares de trabajo en el sector informal, donde muchas víctimas son explotadas
