La Prensa de Colorado 
Se prohíbe a las juntas médicas sancionar a los médicos que rechacen la narrativa gubernamental sobre el COVID.
«La libertad de expresión prevaleció» ¡gracias a Dios!.
«No tenemos que repetir como loros los disparates del gobierno y la industria farmacéutica para conservar nuestras licencias», declaró el demandante principal, el Dr. Pierre Kory.
Un juez de California ha prohibido a las juntas médicas investigar, procesar, acusar o sancionar a médicos «basándose en el punto de vista de la información, las recomendaciones o el asesoramiento que ofrezcan a un paciente sobre el COVID-19, incluida su discrepancia con la postura de las autoridades de salud pública».
Aunque el fallo se aplica técnicamente solo a tres médicos que fueron demandantes en el caso *Kory contra Bonta*, según su abogado, Richard Jaffe, la orden del juez «advierte a las juntas que un juez federal ha determinado que su política sobre desinformación del COVID es inconstitucional según la Primera Enmienda».
«Ahora, cada investigador y cada miembro de la junta sabe cómo ve el asunto este juez», dijo Jaffe. «Cualquier empleado de la junta que inicie o continúe una investigación por desinformación sobre el COVID a partir de ahora lo hará teniendo constancia de una orden judicial federal y un fallo federal, y sin posibilidad de alegar más tarde que nadie se lo dijo».
El juez de distrito de los Estados Unidos, William B. Shubb, «ordenó no solo al Fiscal General de California, sino también a la Junta Médica de California y a la Junta de Medicina Osteopática, así como a CUALQUIER PERSONA que actúe en su nombre, que dejen de investigarnos, de procesarnos y de acosarnos», escribió el demandante principal, el Dr. Pierre Krefy, en una publicación de celebración en Substack.
«Y lo que es más importante: que dejen de amenazar nuestras licencias debido a cualquier opinión profesional que podamos compartir con nuestros propios pacientes sobre el COVID-19, las “vacunas”, la ivermectina o cualquier otra cosa», añadió.
La orden del juez establece una distinción importante: no se impide a las juntas médicas investigar, procesar o sancionar a médicos por casos reales de fraude o tratamiento negligente.
En 2022, el gobernador demócrata Gavin Newsom promulgó la ley de la Asamblea 2098, de corte orwelliano.
La medida consideraba que los médicos y cirujanos incurrían en «conducta poco profesional» si «difundían información errónea o desinformación relacionada con el COVID-19, incluida información falsa o engañosa sobre la naturaleza y los riesgos del virus, su prevención y tratamiento, así como sobre el desarrollo, la seguridad y la eficacia de las vacunas contra el COVID-19».
La legislación ambién sometía a los médicos que hubieran infringido la ley a medidas disciplinarias por parte de la Junta Médica de California y la Junta de Medicina Osteopática de California, incluida la posible suspensión de sus licencias para ejercer la medicina.
«Los médicos estadounidenses en ese estado —donde yo tenía licencia en aquel entonces— nos habríamos visto literalmente obligados a verter propaganda estatal en los oídos de nuestros pacientes, so pena de perder nuestras licencias. No por fraude. No por negligencia médica. No; habría sido por mantener una opinión médica distinta a la de nuestras “amadas” agencias gubernamentales de salud dirigidas por el “santo” Fauci», escribió Kory, quien además señaló —como un «hermoso giro del destino»— que el Senado de los EE. UU. recomendó acusar a Fauci de desacato al Congreso apenas unas horas después del fallo del juez Shubb.
«La sanción habría sido la pérdida de nuestras licencias, lo que equivale a decir nuestras carreras, nuestro sustento y nuestra capacidad para atender a las personas que acudían a nosotros precisamente porque les decíamos la verdad tal como la veíamos», explicó Kory.
«El Estado tomó la conversación más personal de la medicina —la que se produce entre un médico y un paciente atemorizado— e intentó ponernos sus propias palabras en la boca, utilizando nuestras licencias como garantía para asegurarse de que acatáramos sus órdenes».
Sin andarse con rodeos, Kory señaló que el nuevo fallo significa que los organismos reguladores de la medicina y el gobierno ya no pueden «castigarnos por decir a nuestros propios pacientes la verdad tal como la veíamos: que, a nuestro juicio médico, el Estado estaba coaccionando y obligando a sus ciudadanos a recibir terapias génicas tóxicas, letales, ineficaces, ilógicas y experimentales, y que nosotros no íbamos a fingir lo contrario».
«Seguimos teniendo la libertad, incluso en “Clownifornia”, de mantener y expresar libremente opiniones que contradicen a las de la casta sacerdotal de la salud pública y el mundo académico», continuó.
La orden del juez «nos protege ahora mismo, hoy, de la maquinaria que pasó años intentando aplastar a los médicos que se negaban a seguir el guion del Estado».
«La triste realidad de todo esto es que tuvimos que aprender que un gobierno capaz de decirle a tu médico qué puede decir es, en el fondo, capaz de ordenarle que te mienta», concluyó Kory.
«La libertad de expresión se impuso. No tenemos que repetir como loros los disparates de la alianza entre la industria farmacéutica y el gobierno para conservar nuestras licencias».
El deber del médico es hacia el paciente, no hacia el Estado.
«Los funcionarios y reguladores médicos de California estaban dispuestos a destruir las carreras de los médicos por apartarse de una narrativa oficial sobre el COVID que se presentaba como ciencia objetiva y consolidada», afirmó Rita Barnett-Rose en un artículo para *California Globe*.
«Ahora sabemos que gran parte de esa narrativa fue moldeada por funcionarios que poseían información contradictoria, ocultaron o manipularon datos incómodos y tomaron decisiones sobre la comunicación de salud pública teniendo en mente objetivos políticos, normativos y litigiosos».
«El “consenso científico” que California impuso bajo la amenaza de retirar la licencia médica no era un cuerpo inmaculado de verdad científica objetiva dictado desde las altas esferas», señaló Barnett-Rose.
«Estaba siendo construido por seres humanos con agendas, intereses institucionales y un poder enorme; y es posible que algunos de los médicos a quienes California intentó silenciar estuvieran mucho más cerca de la verdad que los funcionarios que exigían su conformidad».
«En el núcleo de la relación médico-paciente reside el deber del médico de ejercer un criterio clínico independiente y de hablar con honestidad al paciente que tiene delante sobre lo que considera la mejor opción de tratamiento. Ese deber es para con el paciente, no para con los CDC, el Departamento de Salud Pública de California, la Junta Médica ni el Estado», declaró ella.
